A Chichi Rodríguez la bautizó una amiga, luego de ver juntas una película en un cine capitalino. «Hacé el papel de la Chichi Rodríguez, que es una chica travesti como vos», le dijeron, entre risas cómplices. De ahí en adelante, ese nombre la acompañó como una armadura brillante para resistir una vida marcada por el rechazo, pero también por el amor de quienes sí la reconocieron y la amaron como era.

«Yo no tengo nombre», le dijo una vez a su amiga Abigail. El suyo fue un tránsito complejo, lleno de silencios impuestos por los demás y de pequeños actos de afirmación que, en un país sin garantías legales para las personas trans, eran ya formas de lucha.

Chichi fue bombera y también formó parte del ejército. Entró a las Fuerzas Armadas por reclutamiento forzado, y allí vivió una de las experiencias más duras de su vida: el despojo forzado de su ropa, la humillación pública por llevar puesta una prenda íntima femenina, y el aislamiento posterior. Pero también encontró un respiro cuando fue asignada a tareas técnicas: reparar aires acondicionados, quedarse en la oficina. Era técnica en electricidad, inteligente y capaz. 

A pesar de todo, Chichi resistió. En su paso por el reclutamiento forzado, pasó de cama en cama, como ella misma solía decir con una mezcla de ironía y franqueza, pero sin arrepentimientos. Le confesaba a sus amigas que lo disfrutaba, reconociendo que incluso en medio de relaciones efímeras y muchas veces desiguales, ella había vivido intensamente, a su manera. Esa sinceridad sobre su experiencia, lejos de victimizarla, mostraba a una mujer que supo habitar su cuerpo en una sociedad que intentó negárselo.

En Honduras, las personas trans siguen viviendo al margen de la legalidad. El Estado no les reconoce el derecho a cambiar su nombre legal ni su marcador de género en documentos oficiales, lo que limita el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo y la salud. Actualmente no existe legislación que proteja expresamente a las personas trans, y la ausencia de una Ley de Identidad de Género perpetúa la exclusión sistemática.

Chichi murió de cirrosis a los 33 años. Su historia encarna una estadística dolorosa: según la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Redlactrans), la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de apenas 35 años. No es casualidad. La expulsión temprana de sus hogares, la discriminación estructural, la precariedad laboral y la violencia institucional acortan sus vidas.

Quienes la conocieron, como Abigail Galindo de Archivo Honduras Cuir, no olvidan que Chichi era escandalosa, alegre, entrañable. «Cuando la mamá la corrió, yo le abrí las puertas de mi casa. Que mire, no crea, que aquí armábamos unos vergueos... pero era mi amiga». Chichi tocaba el portón de madrugada, ebria y cansada del mundo. Y siempre encontraba a alguien que le abriera.

Chichi fue una mujer que resistió con su cuerpo, con su risa, con su forma particular de caminar, de nombrarse, de amar. Fue una persona que, a pesar del rechazo de su madre y de la violencia institucional, encontró comunidad y dejó huella.

Por años, Bessy caminó por las calles de Tegucigalpa y de Ciudad de Guatemala con la fuerza de quien se abre paso en medio del abandono institucional. Era, según quienes la conocieron, «bien bonita y bien natural». Su belleza y carisma le abrieron puertas que la violencia estructural luego cerró sin aviso. Bessy falleció a los 39 años.

Como tantas mujeres trans en Centroamérica, su vida estuvo marcada por la exclusión. Migró, ejerció el trabajo sexual en condiciones adversas. En Guatemala, fue una de las trabajadoras sexuales mejor pagadas, pero fue encarcelada, y al vivir con VIH, sin acceso regular a antirretrovirales, su salud se deterioró rápidamente.

Bessy logró salir de la cárcel gracias a la intervención de otras compañeras trans, que viajaron para apoyarla. Regresó a Honduras buscando una oportunidad. Tocó puertas en organizaciones que, en teoría, luchaban por los derechos que a ella le fueron negados. Algunas se cerraron, otras la acogieron por un tiempo. Trabajó como activista en espacios que brindan apoyo a personas LGBTI+ víctimas de violencia, en programas de prevención del VIH y en iniciativas que promueven leyes para proteger los derechos de la diversidad sexual en el país. Nunca dejó de buscar cómo seguir adelante.

Intentó insertarse en el mundo laboral, pero no había condiciones. En una ONG le ofrecieron empleo con la exigencia de dejar el trabajo sexual, pero Bessy no había dejado las calles del todo, porque necesitaba sobrevivir, y porque la ayuda que recibía apenas le alcanzaba para cubrir lo básico. Alguien la reconoció en la calle, una conocida que decidió delatarla, y llevó fotografías como prueba a la organización. Esa fue suficiente razón para despedirla.

Así, Bessy volvió a dedicarse exclusivamente al trabajo sexual. La noche del 7 de julio de 2019, en Comayagüela, murió sentada en una acera, sin posibilidad de correr ni de gritar. Dos hombres le dispararon y su asesinato, como el de tantas otras, sigue en la impunidad. «No le dio tiempo de moverse», recuerda una de sus amigas, que la vio esa noche cansada, anestesiada por el trabajo, el alcohol, la falta de horizontes. Su muerte no fue considerada una noticia digna: la nota de prensa fue humillante, transfóbica, ignorante.

Bessy encarna una realidad que se repite en muchas ciudades de América Latina, donde ser una mujer trans es una sentencia escrita en la marginación. El promedio de vida de una mujer trans en la región es de 35 años, según la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans). Bessy no alcanzó a vivir más de eso. No se le garantizó acceso a salud digna, ni educación, ni oportunidades reales de salir del ciclo de violencia. Fue excluida incluso por quienes dijeron representarla.

Hoy, quienes sí la vieron, quienes sí recuerdan su nombre y su rostro en las fotografías de congresos y encuentros, reivindican su historia. Por eso, este perfil existe: para que la historia de Bessy no sea solo una cifra, sino una memoria viva que nos obliga a exigir un presente diferente. Uno donde ninguna tenga que conformarse con sobrevivir.

A Karicia la recordaban por su risa fácil, sus ojos color miel y su forma de andar por la calle como si siempre estuviera bailando. Era «exótica», como la nombraban con ternura algunas compañeras. Sabía arreglarse, sabía moverse, sabía defenderse. Pero también, como muchas otras mujeres trans en Honduras, sabía lo que era vivir en los márgenes: sin protección, sin justicia, sobreviviendo al filo de la violencia cotidiana.

La última vez que la vieron con vida fue en una calle de Tegucigalpa, donde trabajaba como muchas otras compañeras trans que han sido desplazadas de zonas más visibles como el Honduras Maya. Las habían sacado de allí la Policía Municipal y patrullas que tenían órdenes claras: limpiar las calles. No importaba que ellas no tuvieran a dónde ir. No importaba si el trabajo sexual era su única forma de conseguir comida, alquiler, medicinas. Las empujaron hacia zonas más escondidas, más peligrosas.

Karicia trabajaba sola. Era carismática, pero también desconfiada. Una semana antes de su muerte, contó entre bromas que se había ido con un cliente y que, creyendo que llevaba un discman en su mariconera, le había robado una bolsa llena de dinero. No sabía que era la planilla de una empresa, ni que al robarla estaba firmando su propia sentencia de muerte. Dicen que fueron los mismos hombres a los que dejó sin paga quienes regresaron con furia. No se conformaron con matarla: le dispararon 25 veces. Su cuerpo fue encontrado tirado en la calle. 

Pero Karicia no era solo una trabajadora sexual trans. Era una mujer con sueños, con amistades, con alegría. Era también una sobreviviente de un sistema que la empujó siempre hacia el borde. Su caso nunca fue investigado con seriedad. No hay justicia. No hubo un pronunciamiento de derechos humanos. No hubo seguimiento ni interés estatal. Como en muchos otros casos de mujeres trans asesinadas en Honduras, el crimen se quedó en la impunidad, envuelto en estigmas y prejuicios.

En un barrio de Tegucigalpa, a dos casas del antiguo Colectivo Violeta, murió Susan Idiáquez. No murió sola. Miriam, su amiga, la cuidó hasta el final. En su lecho de muerte, Susan cargaba consigo algo más que la etapa del SIDA: una vida tejida entre la dignidad silenciosa y una sociedad que aún no sabía nombrarla.

Susan fue una mujer trans en los años en que serlo era casi imposible. Caminaba por las calles con su rostro suave, su voz femenina, su andar seguro. Pero pocas veces se vestía como quería. La expresión de género –esa forma en que cada persona elige presentarse al mundo– no era entonces un derecho, sino un riesgo. «Muchas veces una no se travestía por todos los acosos que teníamos», recuerda una compañera de Susan.

Sin embargo, Susan no necesitaba de mucho para ser reconocida como la mujer que era. Tenía un rostro y una presencia que no requerían adornos. En una época donde vivir abiertamente era un acto de rebeldía, Susan caminaba con la entereza de quien sabe que su identidad no necesita permiso.

Nunca fue trabajadora sexual, aunque sus amigas lo eran. En el barrio Belén, donde muchas mujeres trans ejercían el trabajo sexual para sobrevivir, Susan llegaba con 20 lempiras en el bolsillo; «hay para el octavo», decía entre risas, aludiendo al aguardiente clara, una bebida de caña de azúcar tradicional de Centroamérica.

Participó en los primeros concursos de belleza gay en los años 90, cuando apenas comenzaban a abrirse espacios de visibilidad. Su nombre y su rostro aparecen en las viejas fotografías del Colectivo Violeta, la organización más antigua del país dedicada a los derechos de la diversidad sexual. Allí estaban todas: las que resistieron, las que partieron demasiado pronto, las que como Susan vivieron sin poder cambiar sus documentos, sin un sistema de salud que las reconociera, sin leyes que las protegieran.

Honduras no tiene una Ley de Identidad de Género. Las mujeres trans siguen muriendo jóvenes, muchas por condiciones de salud prevenibles, otras por la violencia. La falta de acceso a atención médica libre de discriminación fue parte del abandono que Susan sufrió. Como muchas otras, vivió y murió en una intersección de exclusiones: por ser mujer trans, por ser pobre, por vivir con VIH.

Murió en 1998, cuando tenía poco más de 30 años. Hoy su historia apenas sobrevive en la memoria de sus amigas, en una foto borrosa, en un nombre que vuelve a ser dicho con cariño.

Recordar a Susan Idiáquez no es solo un acto de memoria, es una denuncia. Su vida muestra cómo la exclusión sistemática priva a las personas trans del derecho a existir con plenitud. Exigir hoy una ley de identidad de género en Honduras es una forma de decir que Susan sí existió, que su nombre importa, y que su historia merece justicia.

De Michelle solo quedó una foto en una banca, el pelo corto, el rostro pintado con sombras blancas y labial negro. La imagen fue tomada una mañana en el cerro Juana Laínez en Tegucigalpa, donde vivían varias mujeres trans, entre ellas Carola, Bessy y Michelle.

Michelle era de Villanueva. Amiga de muchas, pareja de un tatuador conocido como «el Cholo», con quien compartió techo y cariño. También tuvo una relación con Shirley. Las llamaban “transbianas”, como en los años en que la diversidad sexual se vivía en códigos propios. Michelle era parte de «las 25», una generación de mujeres trans que resistieron en las calles, que compartieron cuartos, fiestas, celos, amores y «taloneos».

Como muchas otras, Michelle emigró a Guatemala en busca de sobrevivir. Allá el pago era mejor: aunque la violencia seguía presente, también había más oportunidades. Varias mujeres trans hondureñas habían tomado el mismo camino, algunas atraídas por los ingresos, otras huyendo de la persecución policial o en busca de libertad frente a leyes hostiles. Michelle llegó después, cuando muchas ya estaban instaladas. Se reacomodaron, tejieron nuevas redes. No todas eran amigas, pero compartían una experiencia común: ser mujeres trans y pobres, intentando resistir en tierra ajena.

Una muerte con saña

A Michelle la asesinaron brutalmente. Se fue con un cliente al que le robó dinero y el teléfono. Cuando él se dio cuenta, la engañó llevándola a un lugar apartado, prometiéndole que verían a unos amigos. Allí la esperaban otros hombres. La golpearon y la torturaron.

Tardaron días en encontrarla. Nadie sospechaba nada: Michelle solía irse con clientes por semanas. Pero después de buscar en hospitales y estaciones de policía, sus amigas —otras mujeres trans con las que compartía la calle y el trabajo sexual en Guatemala— llegaron a la morgue. La reconocieron por un tatuaje. Fue devastador: estaba desfigurada, cercenada, abandonada. Si no fuera por esa tinta en su piel, nunca habrían sabido que era ella.

Ser trans, migrante y pobre: la sentencia previa

La muerte de Michelle no fue solo un crimen individual. Fue el resultado de un sistema que empuja a las mujeres trans al borde: a migrar, a vender su cuerpo, a esconder su identidad, a vivir sin protección ni justicia. Su historia encarna las violencias que se cruzan en la vida de tantas: la transfobia, la impunidad, la marginalidad, la exclusión estructural.

Michelle no murió sola: la mataron entre varios, pero también la mataron las instituciones que nunca le ofrecieron otra opción. Y que, al final, tampoco la protegieron.

Contar su historia es desafiar el olvido porque Michelle merece ser recordada como lo que fue: una mujer trans, valiente, deseante, capaz de amar y de rebelarse. No como un cuerpo mutilado. Sino como una vida plena que el odio no pudo borrar.